Las viviendas sociales en Chile nacieron en el siglo XX en forma paralela a las demandas proletarias surgidas en el tiempo de la cuestión social. Hacia fines del siglo XIX, las primeras respuestas a la precaria situación de la población obrera se pudieron observar en la Ley de Habitaciones Obreras del año 1906, pionera en el ámbito latinoamericano, que marcó el inicio de las labores directas por parte del sector público en la formulación y puesta en marcha de las políticas habitacionales.
En los años 40 y 50 la población de Santiago sufrió un explosivo aumento, básicamente por la migración campo-ciudad, por lo que surgieron los primeros campamentos que hicieron evidente el problema del déficit habitacional.
Sin embargo, este crecimiento había sido sin ningún tipo de regulaciones, las que comenzaron recién a aplicarse durante los años 1960 con la creación de diversos planes de desarrollo del Gran Santiago, concepto surgido en la época en que se reflejaba la nueva realidad de una ciudad mucho más amplia, pero cuya urbanización había sido descoordinada.
El sector público y privado participó activamente en la construcción de viviendas sociales en Santiago de Chile, aunque el déficit seguía siendo muy grande. Surgieron barrios obreros en sectores de Barrancas, San Miguely los límites de Santiago Centro.
La politización del período y la urgencia de un suelo digno promovió la toma de terrenos y la presión a duplicar la construcción de poblaciones obreras. En ese período nacieron los términos población callampa, periferia y villas.
Desde mediados y fines de los 90 se comenzó a construir más hospitales, colegios, parques y polos comerciales en alianzas entre el sector público y privado. Desde el año 2000, se planteó reducir la cantidad de viviendas sociales para atender mayormente detalles en terminación, en un escenario de alza de los precios de terrenos de la capital.
