Y en este 2012 el gobierno lanzará una serie de cambios a las regulaciones bancarias y de seguros, para igualar la cancha entre ambos sectores y facilitar las repactaciones. Además, se espera que el Ejecutivo avance pronto en promover una baja en los costos de los estudios de títulos.
En el gobierno estiman que una dificultad clave para el mejor funcionamiento de las repactaciones hipotecarias y obtener creditos mas baratos se relaciona con normativas de la banca y aseguradoras que impiden el pago de créditos refinanciados sin que las nuevas hipotecas estén inscritas en el Conservador de Bienes Raíces, lo que, en la práctica, termina afectando al cliente con el pago de dividendos paralelos mientras la inscripción no se concreta.
De esta forma, se busca cambiar las regulaciones de las superintendencias de Bancos (Sbif) y de Valores y Seguros (SVS).
Todo es parte de la medida sobre movilidad de garantías y mayor competencia bancaria, incluida en la Agenda de Impulso Competitivo del Ministerio de Economía. Las modificaciones han sido discutidas también con Hacienda, Agricultura, Banco Central y los privados.
El refinanciamiento hipotecario tiene, en lo grueso, cuatro pasos. Primero, el cliente cotiza un crédito con un banco, acepta la tasa ofrecida, se realiza el estudio de títulos de la propiedad y el comité de crédito del banco aprueba la operación.
Luego se firma la escritura de refinanciamiento entre cliente, el banco antiguo y el banco nuevo, que compra el crédito. La copia de la escritura se envía al conservador, para que éste cancele la antigua hipoteca e inscriba la nueva.
El tercer paso es que, inscrita la nueva hipoteca, y dado que existe un mandato del cliente autorizando la transferencia, el nuevo banco debe pagar al antiguo el crédito.
Pero, por lo general, el antiguo banco accede a firmar la escritura de refinanciamiento sin haber recibido el pago, porque previamente ambas entidades firman una carta de resguardo, en la que el nuevo acreedor se compromete a pagarle.
Pero el diagnóstico de la autoridad es que el proceso es lento y engorroso. En el mejor de los casos tarda entre dos y tres meses, y el gobierno busca reducirlo a 20 días.
Un tema clave también son los costos, apunta el subdirector de la Oficina de Competitividad del Ministerio de Economía, Juan José Bouchon: los gastos directos en estudio de títulos, notarías y conservadores oscilan de $300.000 a $500.000, según el banco y el valor de la hipoteca.
Se debe sumar la comisión de prepago, que para créditos bajo 5.000 UF no supera un mes o mes y medio de intereses, dependiendo de si es una operación no reajustable.
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